En las últimas décadas, los gobiernos de los países de la Alianza del Pacífico han demostrado un fuerte compromiso con la igualdad de género. Es necesario renovar y dar un nuevo impulso a las políticas para empoderar a niñas y mujeres para realizar sus aspiraciones, no sólo para su beneficio, sino para el de la sociedad y la economía en su conjunto, según la nueva publicación: Igualdad de género en la Alianza del Pacífico: promover el empoderamiento económico de la mujer.
El informe evalúa la desigualdad de género en la participación en la fuerza laboral, la educación, el emprendimiento y el trabajo no remunerado en los países de la Alianza del Pacífico, en relación con los países de la OCDE. El informe explora maneras para que los marcos jurídicos y las políticas públicaspuedan igualen la condición entre hombres y mujeres, para beneficio de la sociedad y la economía en su conjunto.
“Todas las regiones del mundo tienen tareas pendientes para promover la agenda de igualdad, en particular los países de la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú. Si bien estos países han registrado avances significativos en la tasa de participación laboral de las mujeres, la brecha entre la tasa de hombres y mujeres sigue siendo amplia, particularmente en México. En nuestro país, poco menos de la mitad de las mujeres trabajan, frente a 80 por ciento de los hombres. Esto significa que la brecha de género en términos de la participación laboral es de 35 puntos porcentuales, el doble que los 17 puntos porcentuales promedio para los países de la OCDE, y la más amplia en los países de la Alianza del Pacífico“, recalcó la Directora de Gabinete y Sherpa de la OCDE.
Chile, Colombia, México y Perú han avanzado en las últimas décadas en el empoderamiento de la mujer. Los adelantos logrados en la participación de la mujer en la toma de decisiones, los años de escolaridad de las niñas, el ingreso de la mujer al mercado laboral y la protección social para las familias han sido notables, tanto desde una perspectiva histórica como desde una perspectiva global. Sin embargo, en los países de la Alianza del Pacífico la proporción de mujeres jóvenes que no están ni en empleo, ni en educación ni en capacitación es mucho mayor que la de los hombres jóvenes. La diferencia es de 26 puntos porcentuales en México, 20 puntos porcentuales en Colombia, 19 puntos porcentuales en Chile y 18 puntos porcentuales en Perú.
Las brechas de género persisten en la distribución de empleo doméstico y de cuidado no remunerado; en la calidad del empleo; el ingreso; la condición de pobreza; y en la formación laboral y la educación media. El empleo informal, que prevalece en algunos países de la Alianza del Pacífico, afecta de forma particular a las mujeres, pues tienen más probabilidades que los hombres de tener un empleo informal. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2016 en México 49.7 por ciento de los hombres tenían empleos informales frente a 57.2 por ciento de las mujeres; una cifra que ha variado poco durante la última década. Asimismo, muchas mujeres no tienen acceso a una protección social amplia.
Los estereotipos de género y las prácticas culturales están sesgados contra la autorrealización de las mujeres en el hogar y en un empleo remunerado. Las mujeres siguen llevando a cabo la mayor parte del trabajo en el hogar y de cuidado no remunerado, lo cual limita sus perspectivas de desempeñarse en un empleo remunerado. En México, las madres de 25 a 54 años de edad tiene cerca de 8 puntos porcentuales menos probabilidad de tener un trabajo remunerado que las mujeres de edad similar sin hijos dependientes. Asimismo, las mujeres y niñas de la región aún afrontan altos niveles de violencia en espacios privados y públicos.
Las brechas de género entre la población joven pueden tener efectos negativos a futuro. A pesar de los avances, en los países de la Alianza del Pacífico las tasas de fecundidad adolescente siguen siendo altas. Chile registra 51 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, Colombia 85, México 74 y Perú 68, frente a un promedio OCDE de 15. Esto aumenta el riesgo de que las mujeres caigan en la pobreza o de que enfrenten importantes desafíos para seguir adelante con sus estudios o para integrarse al mercado laboral.
Gabriela Ramos comentó que la OCDE está colaborando con México para hacer frente a estos desafíos e informó que en los próximos meses se presentará un Estudio sobre Políticas de Género en México con INMUJERES. Asimismo, mencionó que México deberá redoblar esfuerzos para cumplir con la meta establecida entre los miembros del G20 para reducir la brecha de género en el mercado laboral en 25 por ciento para el año 2025. Los avances logrados por los países OCDE serán documentados en el Reporte de Avance que la OCDE publicará el año próximo en seguimiento a la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Igualdad de Género en Educación, Empleo y Emprendimiento, adoptada durante la Reunión Ministerial de la OCDE en 2013.
Para cerrar su presentación, Gabriela Ramos ofreció una serie de recomendaciones de política relevantes para mejorar la integración de las mujeres en el mercado laboral en los países de la Alianza del Pacífico:
- Asegurar el acceso a educación de calidad para las mujeres y a profesiones que reditúen en el mercado laboral. Para ello es necesario seguir desarrollando la educación temprana y eliminar cualquier tipo de discriminación y estereotipo de género en los programas y métodos de enseñanza desde ese nivel; dar incentivos y becas a jóvenes embarazadas para evitar que abandonen los estudios; desarrollar campañas de concientización para evitar embarazos adolescentes; y seguir promoviendo los estudios de ingeniería, matemáticas, ciencia y tecnología entre las mujeres.
- Desarrollar mejores mecanismos para reconciliar el empleo con la vida familiar. Esto implica diseñar políticas fiscales y de prestación social que ofrezcan los mismos incentivos financieros al trabajo; desarrollar educación temprana y servicios de cuidado infantil accesibles y asequibles; y ofrecer apoyo para el cuidado de adultos mayores dependientes o familiares discapacitados. Contar con un periodo de maternidad remunerado de por lo menos 14 semanas es también indispensable, así como aumentar el número de días en los periodos de paternidad y exhortar o incluso hacer obligatorio que los padres aprovechen dichos periodos.
- Eliminar barreras de género en el lugar de trabajo. Para ello es necesario reducir las diferencias salarias, promover la transparencia salarial y hacer respetar el principio de mismo salario por mismo trabajo; así como atacar los estereotipos de género y la discriminación en el reclutamiento, la capacitación y la promoción. Es igualmente importante contar con campañas de concientización que informen al sector privados sobre sus responsabilidades y a las mujeres sobre sus derechos.
- La integración al empleo formal y a los sistemas de seguridad social. Para ello es importante ofrecer créditos fiscales a las personas de bajos ingresos para incentivar el empleo formal, a fin de vincular de mejor manera los costos con los beneficios de la formalización. Asimismo, los costos de la formalización podrían reducirse diseñando estructuras fiscales que no desincentiven la formalización (por ejemplo contribuciones sociales muy altas), en particular para hogares con dos contribuyentes.
- Promover la reducción de las barreras al emprendimiento. En materia de emprendimiento, el acceso al crédito para mujeres y hombres emprendedores es clave. Esto requiere de mejoras en la educación financiera y en la disponibilidad de información sobre los distintos mecanismos de apoyo, así como un mayor acceso de las mujeres al sistema bancario formal y un fortalecimiento de los registros de historial crediticio.
- Sensibilizar acerca de la violencia contra las mujeres en el hogar, en el trabajo y en espacios públicos; tomar medidas para prevenir asaltos a mujeres, y mejorar su acceso a la justicia. Trabajar para reducir los prejuicios de género en los sistemas de justicia y policiales.
- Planificar la evaluación de los efectos de la implementación de los programas sobre mujeres y hombres e incorporar consideraciones de género en el diseño de políticas.