En una declaración a la Cámara de los Comunes, el ministro de Energía, Ed Davey, aseguró que el Ejecutivo de David Cameron está "profundamente preocupado por alegaciones de que los precios al consumidor pudieron ser subidos artificial o innecesariamente".
Tras recordar que la investigación europea "no presume culpabilidad", el ministro subrayó que tanto el gobierno como los reguladores facilitarán "la ayuda necesaria" a los investigadores e instó a "cumplir plenamente" con su obligación a las empresas implicadas.
Además de BP, la anglo-holandesa Royal Dutch Shell y Statoil, que han confirmado que están siendo investigadas, también se examina a la agencia Platts de información sobre precios.
La Comisión Europea (CE) confirmó anoche que sus inspectores habían efectuado visitas a empresas sospechosas de haber "conspirado para facilitar precios distorsionados a una agencia de precios para manipular el precio público de varios productos de petróleo y biodiésel".
Según su comunicado, habrían "evitado que otros participaran en el proceso de establecimiento de precios con vistas a distorsionar los precios al público".
Estas distorsiones pueden tener "un gran impacto" en los precios del petróleo y la compra y venta de productos refinados y biodiésel y "en última instancia perjudicar al consumidor", añade.
Davey dijo hoy en los Comunes que no hay planes para poner en marcha una investigación paralela en el Reino Unido, después de que hace cuatro meses el regulador de competencia británico hiciera una pesquisa en la que concluyó que no había pruebas suficientes de movimientos sospechosos de los precios de la gasolina.
La sospecha era que la gasolina subía rápido cuando aumentaban los precios del combustible en el mercado mayorista pero en cambio tardaba mucho en bajar cuando estos se reducían.
El diputado conservador Robert Halfon, que respalda una campaña para que se investiguen los carteles en el sector energético, pidió hoy al gobierno que, si la UE halla culpables, se impongan penas de prisión y multas millonarias.
Halfon recordó que, a pesar de que el gobierno ha congelado los impuestos sobre la gasolina, el precio del combustible ha aumentado un 60 por ciento desde 2009.
Por su parte, Davey subrayó que "es importante tanto para las empresas como para los conductores tener la seguridad de que son tratados justamente y que cuando el precio al mayor baja, esta rebaja se traslada al consumidor de forma transparente y sin retrasos".